El ministerio público abre diligencias por desobediencia, prevaricación y malversación
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. MANU FERNANDEZ AP
La Fiscalía no ha esperado ni siquiera a que el Gobierno catalán convoque el referéndum sobre la independencia que tiene previsto celebrar el próximo septiembre. El ministerio público ha abierto ya diligencias de investigación
sobre los "preparativos" de esa supuesta convocatoria a raíz de "informaciones aparecidas en varios medios de comunicación". La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.
En una nota difundida este viernes, la Fiscalía cita una "muestra" de esos anunciados "preparativos para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña": la publicidad institucional encartada en la edición del jueves del diario La Vanguardia . "¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña?" "¿Ya se han inscrito en el registro de catalanes residentes en el exterior?", reza la publicidad, acompañada de un mapa de Cataluña sobre el que destaca la pregunta "¿Sí o no?". "Sumándote, podrán tener muchas más ventajas y hacer oír su voz", agrega la página de publicidad.
Los preparativos de la consulta supondrían una "frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional", subraya la Fiscalía. El Constitucional ha instado en diversas ocasiones al Gobierno catalán y a los diputados del Parlament de que deben abstenerse de promover cualquier acción que promueva el llamado proceso de desconexión con el resto del Estado.
Las nuevas diligencias se producen poco después de que
el Ejecutivo de Carles Puigdemont haya abierto un concurso para seleccionar a potenciales empresas proveedoras de sobres y papeletas. Algunos han interpretado que ese concurso está pensado no para unas elecciones a la presidencia de la Generalitat sino para la celebración del referéndum. La decisión de la Fiscalía llega, además, el mismo día en que el Parlament haya activado los trámites para aprobar la ley de ruptura.
La Fiscalía pretende anticiparse a cualquier movimiento y evitar que se celebre el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. El objetivo es evitar que se repita una consulta como la del 9 de noviembre de 2014, en la que votaron 2,3 millones de catalanes. Tras las votaciones, la Fiscalía se querelló contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y dos consejeras de su Gobierno, que hace unos días han sido condenados a penas de inhabilitación por un delito de desobediencia, igual que el diputado del PDeCAT Francesc Homs.
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